Reglas

Este mercado se resolverá a favor de "Sí" si el estado de Luisiana promulga una ley o disposición constitucional que establezca una moratoria estatal sobre nuevos centros de datos entre la creación del mercado y la fecha especificada, 23:59 ET. De lo contrario, este mercado se resolverá como "No". Una moratoria estatal sobre nuevos centros de datos se refiere a una política vinculante con fuerza de ley que, con carácter general, prohíba o suspenda la aprobación, la concesión de permisos, la construcción, la interconexión a la red o la operación de todos los nuevos centros de datos, o de un subconjunto de centros de datos que incluya todos los nuevos centros de datos con una capacidad de interconexión superior a 100 MW por instalación (solicitada o nominal), en todo el estado. La suspensión de incentivos fiscales, certificaciones de exención o ayudas al desarrollo económico por sí sola no será válida, como tampoco lo será una moratoria adoptada por un gobierno local o limitada a una parte del estado. Las exenciones específicas (p. ej., para solicitudes determinadas, acuerdos formalizados o solicitudes de interconexión) no impiden que una medida se aplique con carácter general a todos los nuevos centros de datos, o a un subconjunto válido de nuevos centros de datos, siempre que la aprobación, la concesión de permisos, la construcción, la interconexión a la red o la operación de centros de datos esté prohibida por defecto, en lugar de permitida con sujeción a condiciones o restricciones. Las condiciones para la reanudación o la finalización de una suspensión no convierten una medida en una que permita con sujeción a condiciones; una medida que suspenda las aprobaciones, la concesión de permisos, la construcción o la interconexión hasta que se cumpla una condición especificada sí es válida. La promulgación se produce cuando un proyecto de ley se convierte en ley conforme a la constitución y las leyes del estado, ya sea mediante la firma del gobernador, la anulación de un veto, su conversión en ley sin firma, la aprobación en un referéndum estatal o cualquier otro mecanismo legal mediante el cual puedan promulgarse leyes. En el caso de una ley o enmienda constitucional de iniciativa popular o sometida a referéndum, o de otro referéndum popular, se considerará que la ley correspondiente fue promulgada el día de la elección en que fue aprobada, según conste en los resultados certificados, independientemente de cuándo se certifique la medida o entre en vigor. La aprobación por una o ambas cámaras, o el anuncio por parte del gobernador de su intención de firmar, no constituye promulgación. Las órdenes ejecutivas, las órdenes de agencias y otras medidas que no tengan rango legal o constitucional no cuentan como promulgación, independientemente de su fuerza legal. Una disposición eliminada mediante veto parcial no se considera promulgada, a menos que se anule el veto respecto de esa partida. Prevalece el texto operativo de la medida en el momento de su promulgación; las disposiciones eliminadas mediante enmienda antes de la promulgación no son válidas. La disposición de moratoria debe ser obligatoria según su propio texto. Una ley que simplemente autorice a una agencia estatal o al gobernador a imponer una moratoria a su discreción no es válida. Una ley que ordene la suspensión de aprobaciones o interconexiones al cumplirse una condición especificada solo es válida si la condición es determinable objetivamente y su determinación no se remite a las conclusiones, certificaciones o la finalización de los propios procedimientos de la agencia encargada de su aplicación. Este mercado se resuelve en función de la fecha de promulgación, no de la fecha de entrada en vigor. La resolución no se verá afectada por la falta de aplicación de una ley, su invalidación judicial, derogación o expiración posteriores a una promulgación pertinente, ni por una fecha de entrada en vigor posterior a la fecha de promulgación. La fuente principal para la resolución será la información oficial del Gobierno del estado de Luisiana; no obstante, también podrá utilizarse el consenso de fuentes periodísticas fiables.

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