Marine Le Pen's July 2026 appeals court ruling upheld her embezzlement conviction but shortened her public-office ban to 15 months already served, preserving eligibility for the 2027 presidential race while imposing one year of home detention with electronic monitoring. She promptly appealed to the Court of Cassation, whose filing automatically suspends enforcement of the ankle-monitor sentence pending final review. The supreme court has scheduled proceedings with an expected decision before the April 2027 first round, and Le Pen has publicly committed to campaigning without restrictions during this period. No enforcement actions or new judicial rulings have altered this timeline as of mid-October 2026. Trader consensus on the "no" outcome at 90.5% reflects the suspension mechanism, procedural delays typical in French cassation appeals, and the absence of immediate sentence-execution steps that would force monitoring before the election.
Este mercado se resolverá a favor de "Sí" si Marine Le Pen lleva un dispositivo de vigilancia electrónica ordenado por un tribunal o impuesto legalmente en cualquier momento entre la creación del mercado y 17 de abril de 2027, a las 23:59, hora de París. De lo contrario, este mercado se resolverá con "No". Este mercado se resolverá únicamente en función de si Marine Le Pen lleva realmente un dispositivo de vigilancia electrónica ordenado por un tribunal o impuesto legalmente durante el periodo especificado, independientemente de que haya algún recurso pendiente o futuro, una sentencia pendiente de cumplimiento, un cambio en su candidatura o en su situación de elegibilidad, u otro procedimiento o trámite legal. No se considerarán válidos los dispositivos de seguimiento de la actividad física, los relojes inteligentes ni otras tecnologías ponibles de consumo similares. No se considerará válido el uso breve de un dispositivo de vigilancia electrónica para ajustarlo, probarlo, hacer una demostración u otro uso no obligatorio, salvo que Le Pen lleve el dispositivo como parte de una medida de vigilancia electrónica vigente impuesta por un tribunal u otra autoridad legal competente. La principal fuente para la resolución de este mercado será el consenso de informaciones periodísticas fiables.
Traducción automática. En caso de disputa, prevalece el original.